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Ivonne Vásquez Sábado, 7 de Mayo de 2011  

Una política pública, institucionalidad, recursos financieros y recursos humanos capacitados es lo que necesita El Salvador para garantizar la protección del recurso hídrico que posee, dijo Miguel Solanes, del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados.

Por ello, "urge" que exista un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada. Así como una visión "común" orientada a disminuir la contaminación en los principales afluentes del país.

"Esto no es magia. Aquí no se necesita un aprendiz de brujo ni son cosas traídas de la tercera dimensión. Son cosas y principios muy simples, pero que requieren implementación", dijo Solanes al referirse a la necesidad imperante de regulación y protección de recurso hídrico en El Salvador.

El agua de los ríos salvadoreños está contaminada con coliformes fecales. El río Lempa es de los afluentes más contaminados. Sólo el 3% de sus aguas tienen calidad “buena”. Si no existe una normativa del agua, el recurso hídrico del país está en riesgo. Para ello, según especialistas, es necesario que El Salvador instaure leyes y políticas dirigidas a su protección y buena utilización. De lo contrario se corre el riesgo de no contar con agua suficiente para suplir las necesidades de la generación actual y las futuras.

El especialista apuesta por la construcción de leyes y políticas. "Lo único que hay que tener es una política nacional de agua clara, una regla y un estándar que diga qué no se permite", añadió el especialista en el recurso hídrico. Solanes también destaca en su más reciente investigación, "Factores claves en el servicio de agua potable", que para que las leyes y políticas sean efectivas es necesario "un gobierno que gobierne".

Además, indicó que es necesario que se determine la institucionalidad del agua en el país. Es decir, cómo se controla, cómo se hace inventario del recurso, cómo se inspecciona la calidad y cantidad que se posee, cómo se determina quién tiene derechos de agua y quién no, quien está contaminando y quien no y las sanciones a las que debería ser sometido quien infrinja la ley.

Debido a ello, en el aspecto de potabilización y saneamiento aún quedan algunas interrogantes sin respuesta. "Hay que preguntarse: ¿Hay una política efectiva? ¿Existe un sistema de financiación efectivo? ¿Existe un sistema de distribución equitativo?", manifestó Solanes muy convencido de que las soluciones al estrés hídrico que está empezando a experimentar el país están en responder dichas interrogantes.

En torno a la contaminación por plomo y agroquímicos que existe en algunos afluentes, Solanes explicó que es importante que exista una institución que controle, determine la presencia y los niveles de los mismos para que estos no sobrepasen lo establecido por las normas nacionales. Por ejemplo, en el caso del plomo sería 0.01 mg/L.

Asimismo, reitera que es importante: definir las medidas para que cesen las acciones contaminantes y sancionar a los emisores de dichos agentes.

"Pero como te repito (...), tenemos que tener la legislación que rija lo que se puede y lo que no se puede hacer, un sistema de penas y un sistema administrativo", enfatizó el especialista.

Solanes también mencionó algunos ejemplo que El Salvador podría seguir en materia de agua.

"En Chile los sistemas han sido una prioridad pública de política, de presupuesto, de institucionalidad por 40 años y en este momento tiene prácticamente un 100 % de población servida y creo que está por llegar en 2012 al tratamiento del agua residual del 100 %", declaró Solanes.

Pero también considera que Argentina podría ser un modelo a seguir, en cuanto a políticas eficaces de agua y saneamiento. "En Argentina, en 1913, el país se propone salir de epidemias relacionadas al agua y monta un empresa nacional y la financia durante años, la provee de recursos (financieros), la provee de recursos humanos y el sistema realmente funciona", expuso.

En El Salvador la propuesta de Ley de Agua lleva años siendo "discutida" y en la Asamblea Legislativa incluso hay aproximadamente 20 versiones, pero nunca ha derivado en el establecimiento de un legislación que proteja y regule los recursos hídricos nacionales. Y hoy, en 2011, la propuesta de ley vuelve a ser discutida.

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), por otra parte, asegura que un legislación en materia de agua evitaría que el Estado gastara cerca de 100 millones de dólares anuales en atención médica por enfermedades asociadas a la ingesta de agua no apta para el consumo humano. Además, con la ley las familias dejarían de invertir $16 dólares mensuales en comprar agua "teóricamente" de mejor calidad que la de la dispensada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda).